La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado no renovar el contrato de explotación de la zona azul. Esta decisión supone la supresión de los aparcamientos controlados de rotación en las vías públicas de la ciudad (a partir de mayo, cuando se agote el contrato) y la creación de carriles preferentes para guaguas y taxis y aparcamientos específicos.
El concejal de Movilidad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, explica en un comunicado de prensa que la supresión “es parte de la política de movilidad de nuestro grupo de gobierno”. “Los ejes de esta política son el transporte público, la creación de carriles preferentes, la ampliación de los carriles para bicicletas, la creación de aparcamientos específicos y la mejora de los espacios dedicados a los peatones”.
La medida que adopta el grupo de gobierno municipal supone recuperar unas 2.000 plazas para ejecutar un “ambicioso plan de movilidad”: potenciación del transporte público, creación de carriles preferentes para guaguas y taxis, aparcamientos específicos para carga y descarga, vehículos de minusválidos, motocicletas y bicicletas y fomento de la movilidad de los peatones.
Entre las vías que facilitarán la fluidez del transporte público están, entre otras, Mesa y López, General Más de Gaminde, Felo Monzón, Juan Rejón, Albareda y parte de la Circunvalación.
Más adelante, una vez se haya asentado este nuevo diseño de la movilidad urbana, el Ayuntamiento estudiará otras medidas complementarias de aparcamiento controlado (como la zona verde para residentes) en puntos concretos de la ciudad.
Motivos.La supresión de la zona azul viene motivada por dos hechos: “tal y como fue concebida hace 17 años en nuestra ciudad no ha mejorado el tráfico. Además, el contrato que firmó en su día el Ayuntamiento con la empresa concesionaria no ha generado en las arcas municipales los ingresos inicialmente previstos para reinvertir en servicios para la ciudadanía”.
La empresa concesionaria tampoco ha obtenido la rentabilidad que había proyectado, dice el escrito, pues su proyecto se elaboró sobre la gestión de las 2.331 plazas que establece el contrato original con el Ayuntamiento. Contrató a sus trabajadores en función de ese número de plazas y “los mismos gobernantes del Partido Popular que firmaron ese contrato redujeron unilateralmente las plazas a 1.973”.
Esas 400 plazas menos “han impedido dar beneficios a la empresa y, por el contrato, el Ayuntamiento y la ciudadanía tampoco han recibido ingresos”.
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