El Ayuntamiento de La Oliva tiene metidas en un sinvivir a cuatro familias de Corralejo, que donaron un suelo para la construcción del centro de salud y la estación de guaguas a cambio de una compensación urbanística. Hasta ahora, 23 años después sólo han recibido desprecio.
ANTONIO CABRERA CORRALEJO La lentitud y la desidia de las instituciones provocan situaciones irreversibles a los ciudadanos. Y si no es así que les pregunten a cuatro familias de Corralejo que denuncian el daño patrimonial y moral que les viene causando el Ayuntamiento de La Oliva. Llevan unos 23 años intentando que el consistorio norteño les reponga el perjuicio causado por el incumplimiento de la citada institución pública a un contrato de donación.
Cuatro vecinos del citado pueblo, José Fuentes, Bartolo Hierro, Vicente Fajardo y María Jesús de Vera, son legítimos propietarios de cuatro parcelas con una superficie de 10.250 metros cuadrados. En 1986 comienza el origen de sus problemas no sólo de salud, sino contra su propio patrimonio. El Ayuntamiento, siendo alcalde Domingo González Arroyo, inicia las obras de la actual avenida Juan Carlos I e invade la propiedad de los vecinos afectados, "actuación que no fue acompañada de un expediente de apropiación, notificación y compensación e incluso sin comunicación previa", aseguran los vecinos.
Tras una demanda de interdicto por parte de los afectados se llega al acuerdo de que los vecinos donan al Ayuntamiento la mitad de sus terrenos a cambio de que el Consistorio recalificara como urbanas y con unas características urbanas el resto de las parcelas.
Sobre el terreno donado se edificaron la estación de guaguas, el centro de salud, tres locales de negocios, tiendas y un restaurante, que salen a subasta pública regularmente.
Los vecinos demandaron al Ayuntamiento para que cumpliera con su compromiso, que hasta la fecha no ha cumplido. Ante ello, un juzgado majorero ha anulado los contratos notariales de donación, obligando al Consistorio a pagar a precio de mercado los terrenos donde ha construido y además deberá responder de los beneficios percibidos por las actividades que se desarrollan en esas parcelas. Los vecinos cifran en 14 millones de euros lo que inicialmente deben cobrar, aunque denuncian que los alcaldes Domingo González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández " nos han dado la espalda".
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