El gobierno del PP ha aprobado una nueva reforma laboral. Ya van cincuenta y tres desde 1980. Una reforma que es falsamente presentada como necesaria, equilibrada y justa. Su justificación oficial es la creación de empleo. Se considera la condición necesaria para salir de la crisis económica y abrir un nuevo periodo de expansión.
Frente a los discursos oficiales, esta reforma laboral no crea empleo decente sino que busca más bien la sustitución de unos contratos con ciertos derechos de protección por nuevos contratos precarios. Tampoco frena la segmentación del mercado laboral, sino que empeora las condiciones laborales e incrementa la inseguridad y la desprotección de todos los trabajadores. Peor aún, es dudoso que genere empleo porque las causas de nuestro elevado paro no se encuentran en el mercado laboral. Además reducirá la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ocupados y, por tanto, provocará una contracción de la demanda interna. En realidad, su objetivo inconfesable es reforzar el poder empresarial y recortar la participación sindical en la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, debilitando la escasa democracia existente en las empresas.
Esta agresiva reforma laboral se fundamenta en la lógica liberal de responsabilizar de la crisis y del paro a los trabajadores y sus derechos: salarios, regulación colectiva y protección social. Su única propuesta es abaratamiento, inseguridad e indefensión. El bloque conservador aprovecha el desempleo masivo para intentar responsabilizar de la ausencia de puestos de trabajo a las personas empleadas y crear otra brecha social. Justifica la austeridad salarial y los sacrificios laborales de la gente ocupada como necesaria para crear empleo o evitar su destrucción. Al mismo tiempo, se pone a disposición de los empresarios una mano de obra más dócil y barata, dotándoles de un poder sin apenas cortapisas para reorganizar sus plantillas. Su apuesta es clara: reforzar el poder empresarial mediante la aprobación de normas que comportan una mayor impotencia y subordinación de la clase trabajadora.
Además, esta política liberal conservadora, amparada por las instituciones europeas e internacionales dominantes, ha impuesto la reducción del déficit y la deuda públicos sin ofrecer un plan de reactivación económica ni compartir los riesgos. Esto se ha traducido, entre otras medidas, en congelación salarial de los empleados públicos, amortización de puestos de trabajo, no sustitución de bajas de personal o no renovación de interinos, junto a recortes sociales, aumento de las privatizaciones o una mayor regresividad fiscal. Su resultado ya es visible: los servicios públicos se deterioran y la economía sigue en recesión.
El plan conservador pretende, pues, un cambio de modelo social. Está pensando más para dibujar el escenario posterior a la crisis que para salir de ésta. Quiere imponer un modelo que rompe muchos de los consensos del periodo democrático. Por ello, CC OO y UGT han convocado una huelga general necesaria para impedir la implantación de esta contrarreforma, evitar el aumento de la precariedad y de la sumisión de los trabajadores y conseguir la rectificación del plan de austeridad. Dicha convocatoria posee legitimidad social no sólo porque los sindicatos son instituciones básicas del sistema constitucional sino también porque, como ponen de manifiesto estudios de opinión, casi dos terceras partes de la población desaprueba la reforma laboral. Más aún, resulta equilibrada ante la magnitud de la agresión y persigue avanzar hacia un modelo social más justo. Sumarse, por tanto, a la huelga es la forma más clara de expresar el malestar social, apoyar la capacidad dinamizadora y representativa del movimiento sindical y conformar una ciudadanía más activa y crítica.
Este artículo lo firman Carlos Alfonso Mellado y 57 profesores más de la Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante y la Universidad Jaume I de Castellón.
Sin embargo, las medidas adoptadas se orientan, en primer lugar, a facilitar y abaratar el despido al eliminar la autorización administrativa previa en los expedientes de regulación de empleo, reducir la indemnización en caso de que sea improcedente y ampliar las causas y reducir la tutela judicial en el despido objetivo. En segundo lugar, precarizan más el empleo con nuevas modalidades de contratación que incorporan incluso el despido libre y gratuito. Además, son perversas porque favorecen la contratación de los que reciben prestaciones por desempleo frente a los que no tienen experiencia laboral, abriendo una brecha entre los desempleados. En tercer lugar, posibilitan un empeoramiento de las condiciones laborales de los ocupados al permitir a los empresarios que no apliquen el convenio colectivo.
Frente a los discursos oficiales, esta reforma laboral no crea empleo decente sino que busca más bien la sustitución de unos contratos con ciertos derechos de protección por nuevos contratos precarios. Tampoco frena la segmentación del mercado laboral, sino que empeora las condiciones laborales e incrementa la inseguridad y la desprotección de todos los trabajadores. Peor aún, es dudoso que genere empleo porque las causas de nuestro elevado paro no se encuentran en el mercado laboral. Además reducirá la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ocupados y, por tanto, provocará una contracción de la demanda interna. En realidad, su objetivo inconfesable es reforzar el poder empresarial y recortar la participación sindical en la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, debilitando la escasa democracia existente en las empresas.
Esta agresiva reforma laboral se fundamenta en la lógica liberal de responsabilizar de la crisis y del paro a los trabajadores y sus derechos: salarios, regulación colectiva y protección social. Su única propuesta es abaratamiento, inseguridad e indefensión. El bloque conservador aprovecha el desempleo masivo para intentar responsabilizar de la ausencia de puestos de trabajo a las personas empleadas y crear otra brecha social. Justifica la austeridad salarial y los sacrificios laborales de la gente ocupada como necesaria para crear empleo o evitar su destrucción. Al mismo tiempo, se pone a disposición de los empresarios una mano de obra más dócil y barata, dotándoles de un poder sin apenas cortapisas para reorganizar sus plantillas. Su apuesta es clara: reforzar el poder empresarial mediante la aprobación de normas que comportan una mayor impotencia y subordinación de la clase trabajadora.
Además, esta política liberal conservadora, amparada por las instituciones europeas e internacionales dominantes, ha impuesto la reducción del déficit y la deuda públicos sin ofrecer un plan de reactivación económica ni compartir los riesgos. Esto se ha traducido, entre otras medidas, en congelación salarial de los empleados públicos, amortización de puestos de trabajo, no sustitución de bajas de personal o no renovación de interinos, junto a recortes sociales, aumento de las privatizaciones o una mayor regresividad fiscal. Su resultado ya es visible: los servicios públicos se deterioran y la economía sigue en recesión.
El plan conservador pretende, pues, un cambio de modelo social. Está pensando más para dibujar el escenario posterior a la crisis que para salir de ésta. Quiere imponer un modelo que rompe muchos de los consensos del periodo democrático. Por ello, CC OO y UGT han convocado una huelga general necesaria para impedir la implantación de esta contrarreforma, evitar el aumento de la precariedad y de la sumisión de los trabajadores y conseguir la rectificación del plan de austeridad. Dicha convocatoria posee legitimidad social no sólo porque los sindicatos son instituciones básicas del sistema constitucional sino también porque, como ponen de manifiesto estudios de opinión, casi dos terceras partes de la población desaprueba la reforma laboral. Más aún, resulta equilibrada ante la magnitud de la agresión y persigue avanzar hacia un modelo social más justo. Sumarse, por tanto, a la huelga es la forma más clara de expresar el malestar social, apoyar la capacidad dinamizadora y representativa del movimiento sindical y conformar una ciudadanía más activa y crítica.
Este artículo lo firman Carlos Alfonso Mellado y 57 profesores más de la Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante y la Universidad Jaume I de Castellón.
