ANA BELÉN BARREDO PRESIDENTA DE LA PATRONAL DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (CAR)
«Para realizar políticas adecuadas, el Consorcio de Transporte necesita más financiación»
«Nos preocupa la situación de descapitalización que sufren las empresas»
«Con el dinero que se va a destinar al soterramiento de Feve en Langreo se podría dar un servicio gratuito diario de 4 autobuses durante más de 20 años»
La nueva presidenta de la patronal del transporte de viajeros por carretera (CAR), Ana Belén Barredo, tomó hace unos días las riendas de este colectivo consciente de que «hay empresas cuya economía está muy debilitada». Asume su mandato con el reto de minimizar los efectos de la crisis sobre estas firmas que, asegura, se enfrentan también «al deficitario estado de las concesiones de servicios regulares».
-Hace unos días CAR aseguró que las empresas concesionarias de líneas regulares se encuentran en una situación crítica, debido a la situación de sus concesiones. En su opinión, la situación se ha visto agravada por la actual crisis económica. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Cómo esta repercutiendo la nueva situación en sus clientes?
-Debido a la crisis, se contratan menos servicios turísticos y discrecionales, lo que supone una grave merma económica para las empresas. Esta circunstancia, unida al estado deficitario de las concesiones de servicios regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera y a las malas condiciones de los últimos contratos de transporte escolar, ha provocado que la economía de las empresas esté muy debilitada.
-¿Considera que, por parte de las administraciones públicas, existe un trato desigual entre los diferentes modos de transporte?
-Sí. En los últimos tiempos se han destinado dotaciones económicas millonarias para proyectos ferroviarios. Por ejemplo, el tren-tran en la zona de Langreo, para cuyo soterramiento se van a destinar unos 57 millones de euros. Con esa cantidad se podría dar un servicio gratuito continuado de cuatro autobuses diarios durante más de 20 años. Por ello, desde CAR lo que exigimos es igualdad de trato para ambos modos de transporte.
-¿Está el transporte de viajeros resistiendo la crisis mejor que otros sectores? ¿Qué medidas cree que se deberían tomar?
-No. Para poder realizar políticas de transporte adecuadas y velar por la calidad de los servicios garantizando el equilibrio económico de las concesiones, el Consorcio de Transportes de Asturias debería contar con una mayor financiación. Además, otra de las medidas paliativas de la crisis adoptada en los acuerdos de junio entre el Ministerio de Fomento y el Comité Nacional del Transporte por Carretera es el pago de los servicios de transporte a treinta días por parte de la Administración. En Asturias no se está cumpliendo. La Consejería de Educación y Ciencia llega a pagar con un retraso superior a los dos meses.
-¿Qué objetivos se marca para los próximos meses?
-Los objetivos son varios. Por un lado, la representación y defensa de los asociados ante las negociaciones con la Administración y demás instituciones. Por otro, mejorar los servicios y favorecer la economía de las empresas.
Descapitalización
-A día de hoy existe convocatoria de huelga en dos empresas asturianas. ¿Se plantea su patronal alguna medida de presión, si las cosas no cambian?
-Es muy preocupante para el sector la situación de descapitalización que sufren las empresas, máxime cuando hay más firmas en la misma situación. Es decir, con riesgo de huelga y de pérdida de puestos de trabajo. Desde esta asociación hemos alertado en reiteradas ocasiones al Consorcio de Transportes de Asturias, pero todavía no se ha adoptado ninguna medida por parte de la Administración.
-¿Qué cambios introduciría en la política de precios del transporte escolar? ¿Qué ha cambiado en las contrataciones del transporte escolar de la región?
-Que las tarifas públicas estén en línea con el resto de las comunidades y con el observatorio de costes del Ministerio de Fomento, que establece una estructura empresarial de costes acorde con la realidad. Debido a las malas condiciones de los últimos contratos de transporte escolar, desde CAR planteamos que este observatorio, de ámbito nacional, se aplique en esta comunidad. El objetivo es terminar con el actual sistema de adjudicación, que está basado en la pura subasta económica y que no tiene en cuenta la calidad de los servicios.
La nueva presidenta de la patronal del transporte de viajeros por carretera (CAR), Ana Belén Barredo, tomó hace unos días las riendas de este colectivo consciente de que «hay empresas cuya economía está muy debilitada». Asume su mandato con el reto de minimizar los efectos de la crisis sobre estas firmas que, asegura, se enfrentan también «al deficitario estado de las concesiones de servicios regulares».
-Hace unos días CAR aseguró que las empresas concesionarias de líneas regulares se encuentran en una situación crítica, debido a la situación de sus concesiones. En su opinión, la situación se ha visto agravada por la actual crisis económica. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Cómo esta repercutiendo la nueva situación en sus clientes?
-Debido a la crisis, se contratan menos servicios turísticos y discrecionales, lo que supone una grave merma económica para las empresas. Esta circunstancia, unida al estado deficitario de las concesiones de servicios regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera y a las malas condiciones de los últimos contratos de transporte escolar, ha provocado que la economía de las empresas esté muy debilitada.
-¿Considera que, por parte de las administraciones públicas, existe un trato desigual entre los diferentes modos de transporte?
-Sí. En los últimos tiempos se han destinado dotaciones económicas millonarias para proyectos ferroviarios. Por ejemplo, el tren-tran en la zona de Langreo, para cuyo soterramiento se van a destinar unos 57 millones de euros. Con esa cantidad se podría dar un servicio gratuito continuado de cuatro autobuses diarios durante más de 20 años. Por ello, desde CAR lo que exigimos es igualdad de trato para ambos modos de transporte.
-¿Está el transporte de viajeros resistiendo la crisis mejor que otros sectores? ¿Qué medidas cree que se deberían tomar?
-No. Para poder realizar políticas de transporte adecuadas y velar por la calidad de los servicios garantizando el equilibrio económico de las concesiones, el Consorcio de Transportes de Asturias debería contar con una mayor financiación. Además, otra de las medidas paliativas de la crisis adoptada en los acuerdos de junio entre el Ministerio de Fomento y el Comité Nacional del Transporte por Carretera es el pago de los servicios de transporte a treinta días por parte de la Administración. En Asturias no se está cumpliendo. La Consejería de Educación y Ciencia llega a pagar con un retraso superior a los dos meses.
-¿Qué objetivos se marca para los próximos meses?
-Los objetivos son varios. Por un lado, la representación y defensa de los asociados ante las negociaciones con la Administración y demás instituciones. Por otro, mejorar los servicios y favorecer la economía de las empresas.
Descapitalización
-A día de hoy existe convocatoria de huelga en dos empresas asturianas. ¿Se plantea su patronal alguna medida de presión, si las cosas no cambian?
-Es muy preocupante para el sector la situación de descapitalización que sufren las empresas, máxime cuando hay más firmas en la misma situación. Es decir, con riesgo de huelga y de pérdida de puestos de trabajo. Desde esta asociación hemos alertado en reiteradas ocasiones al Consorcio de Transportes de Asturias, pero todavía no se ha adoptado ninguna medida por parte de la Administración.
-¿Qué cambios introduciría en la política de precios del transporte escolar? ¿Qué ha cambiado en las contrataciones del transporte escolar de la región?
-Que las tarifas públicas estén en línea con el resto de las comunidades y con el observatorio de costes del Ministerio de Fomento, que establece una estructura empresarial de costes acorde con la realidad. Debido a las malas condiciones de los últimos contratos de transporte escolar, desde CAR planteamos que este observatorio, de ámbito nacional, se aplique en esta comunidad. El objetivo es terminar con el actual sistema de adjudicación, que está basado en la pura subasta económica y que no tiene en cuenta la calidad de los servicios.
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