El secretario general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, ha exigido al grupo de gobierno explicaciones y soluciones inmediatas sobre la deuda de más de 18 millones de euros, que mantiene el Ayuntamiento de la capital tinerfeña con Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) y que afirma puede comprometer el futuro de la compañía.
Al respecto, precisa que todo el gasto financiero de los ejercicios 2007 y 2008 correspondiente a la prestación del servicio urbano de transporte público que realiza Titsa en la capital tinerfeña lo ha tenido que adelantar esta empresa, "sin recibir un céntimo del Ayuntamiento".
El dirigente socialista explica que el crecimiento de la deuda proviene de ejercicios anteriores y advierte de que, de no adoptar una solución, se aproximará a los 20 millones, "lo que puede provocar la quiebra técnica de la compañía de guaguas", afirma en un comunicado.
Corrales se pregunta cómo es posible que el gobierno del Cabildo de Tenerife, que es propietario de Titsa por traspaso desde hace varios años, y el gobierno municipal -ambos gobernados por CC-PP-, "no hayan hecho nada para afrontar este difícil problema".
Por ello, reclama que se inicien urgentemente las gestiones y negociaciones oportunas para pagar la deuda con Titsa y se firme un nuevo contrato programa para la explotación del transporte urbano en el término municipal de Santa Cruz que permita impulsar eficazmente el trasporte público colectivo en la ciudad.
Corrales afirma que la política de movilidad que debe realizar el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que apostar por un transporte público de calidad que cumpla la función de movilidad de los ciudadanos y de conexión de todos los barrios.
Frente a ello, critica que el grupo de gobierno "estrangula intencionadamente al transporte público y discrimina a la guagua" y recuerda las subidas regulares de precios, que dice son "inadmisibles" si se pretende atajar los problemas de movilidad e incentivar con ofertas atractivas el uso del transporte público frente al privado.
Indica que las tarifas actuales "resultan más bien disuasorias y promueven claramente la única opción de escoger el coche privado como medio de locomoción". "Una verdadera política de incentivación del transporte público no puede limitar de esta manera el uso de guaguas y tranvía, ni se puede regir exclusivamente con criterios exclusivamente mercantiles", afirma Corrales.
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