A. CASTELLANO - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los ochos auxiliares de autopsias del Archipiélago -cuatro en Gran Canaria, tres en Tenerife y uno en Lanzarote- del Instituto de Medicina Legal irán el próximo 16 de febrero a la huelga, ya que la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, de la que dependen, no hace efectivo un acuerdo alcanzado en diciembre de 2006. En el mismo se señala que deben ser reencuadrados dentro del grupo III de retribuciones y no en el IV, al que pertenecen actualmente, ya que realizan funciones propias de un médico forense.Según la portavoz de Convergencia Sindical Canaria, Ángela Hernández, el documento señalaba que en enero de 2007 se tendría que haber hecho efectivo ese encuadramiento del personal a otra categoría, pero "el pasado 2 de enero se publicó la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería y tampoco está reflejado". Por ello, exigen que tras dos años "se cumpla de una vez" lo firmado. El sindicato explicó que esta denuncia se produce porque "están realizando trabajos que no les corresponden, y que a su vez no son retribuidos por parte de la Consejería", algo que "con la firma ya es reconocido por el propio Gobierno", agregó. Además, criticó que éste "se aprovecha de que, al ser una labor delicada y detrás hay muchos sentimientos y muchas familias, de buena fe siempre han hecho ese trabajo". Pero "ya estamos cansados de trabajar, trabajar y trabajar", añadió Hernández.FUNCIONES. Los auxiliares de autopsias, encargados de ayudar al forense, manipular y entregar el cadáver, aseguraron que debido a la mala organización que existe "estamos realizando la apertura de los cuerpos, la extracción de los órganos y la sutura", funciones que, comenta Gonzalo Andrade, uno de los afectados, "la gente cree que son los médicos los que las realizan". Y, es que, según los funcionarios, "todos son problemas". "Nos dicen que tenemos que desplazarnos a Lanzarote o Fuerteventura y no nos pagan ninguna dieta ni tampoco las guardias, sólo el vuelo". Aunque, en algunas ocasiones, ni siquiera esto no ocurre. "Este verano ha habido trayectos que los hemos tenido que costear nosotros, y posteriormente nos lo han reintegrado", explicó Andrade. Un hecho que para la portavoz de Convergencia Sindical Canaria significa que la administración autónoma los tiene "botados".
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