Las autoridades recuerdan que las personas y empresas que transporten viajeros por cuenta ajena a cambio de una retribución económica necesitan contar con la autorización de la Administración y aseguran que los servicios de inspección del transporte terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación, que establece multas de entre 401 y 18.000 euros.
El pasado mes de mayo, el sector del taxi (que esta semana ha convocado una huelga en Madrid) pidió a las administraciones públicas que tomaran medidas contundentes ante la implantación en España de la aplicación móvil Uber, que conecta a usuarios con conductores particulares, no profesionales, "incumpliendo toda la ley de transporte", una petición que ya había realizado en abril.
Asimismo, en marzo hizo lo mismo la Federación Nacional Empresarial de Transporte de Autobús (Fenebus) con Blablacar, que relaciona particulares que van a hacer un mismo viaje para compartir vehículo a cambio de dinero, al considerar que perjudica "seriamente" los intereses de los usuarios y de los operadores de transporte.
Este lunes, en una nota de prensa, el Ministerio ha recordado que "la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración".
Esta autorización tiene por objeto, según el Ministerio, asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas.
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