El Día, S/C de Tenerife
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, afirmó ayer que el Consistorio "estará sometido y sojuzgado" por el Cabildo Insular de Tenerife si acepta, como propuso ayer el delegado municipal de Transportes, Dámaso Arteaga, la pretensión de la Corporación insular de cobrar la factura por el servicio de Titsa retrayendo de la liquidación del Régimen Económico y Fiscal (REF) las cantidades correspondientes a cada mensualidad. Tras finalizar la Comisión de Movilidad, Arcila dijo que este sistema deja en manos del Cabildo el control sobre un total de 12 millones de euros, que es la cantidad que Santa Cruz le paga a la institución insular anualmente por el servicio de Titsa. Hasta ahora, ambas partes discuten y negocian cada factura en función de diversos parámetros que aporta el Cabildo, pero el Gobierno insular pretende cambiar este procedimiento porque, asegura, los pagos se retrasan, lo que genera problemas de liquidez. SSP alerta de que si el ayuntamiento acepta esta nueva fórmula "estará sometido al Cabildo" La propuesta del Cabildo consiste en restar cada mes, del dinero que le corresponde a Santa Cruz por la liquidación del REF, la cantidad que la propia institución calcula que debe cobrar, lo que supone, de hecho, que es esta administración, y no el Ayuntamiento, la que tiene el control sobre los más de 12 millones de euros que le cuesta el servicio al Consistorio anualmente. "Con este sistema -afirmó Arcila-, queda a criterio del Cabildo la cantidad que le cobra mensualmente al ayuntamiento, y no es hasta la liquidación anual cuando Santa Cruz puede saber si se le ha cobrado de más". Arcila cree que la defensa "con uñas y dientes" de este procedimiento "es porque actúa más como consejero del Cabildo que como concejal".
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