El jefe de informática de la compañía descubrió "por casualidad" una máquina no autorizada de títulos de viajes
Unos 60.000 euros de media es lo que presuntamente obtenían cada mes parte de los nueve acusados –uno de ellos declarado en rebeldía al no comparecer ante la Justicia– por la venta fraudulenta de bonos de viaje de la sociedad mercantil de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) desde el mes de marzo de 2003 hasta el 30 de junio de 2009, cuando fueron detenidos por la Policía Nacional. Al menos esa es la conclusión que se obtuvo ayer, durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuando a preguntas del representante del Ministerio Fiscal, uno de los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía contestó que vendían 1.500 bonos cada semana por un precio de entre 10 y 10 euros con 50 céntimos cada uno.
Los acusados son Luis M. D.; su esposa, Laura D. T.; sus hijos Rita María D. D., Luis Óliver D. D. y Alexis Jesús D. D., así como Francisco Manuel M. F., Santiago P. G., Juan Carlos V. G. y José Jesús L. L.. Todos los acusados se negaron a declarar en la primera sesión de la vista oral.
A pesar de que en la compañía de transportes se había detectado un desfase entre el dinero recaudado por los bonos vendidos en las máquinas expendedoras de las 12 estaciones de guagua de la Isla y entre los distribuidores acreditados como estancos y diversos comercios con respecto al número de viajes cancelados en los dispositivos lectores de bonos de las guaguas, no sería hasta marzo de 2009 cuando el jefe del servicio de informática de la compañía se topó, por casualidad, con una máquina de vending que dispensaba bonos en un supermercado de Güímar.
Ayer aseguró en la sala que le llamó la atención el sistema de venta en ese supermercado "porque solo hay máquinas dispensadoras en las estaciones de guaguas". "Esta máquina dispensaba tarjetas de recarga de teléfonos móviles y los bonos de guagua de 12 euros sujetos a unos corchos, cortados de forma muy rudimentaria", señaló.
Extrañado, este trabajador compró uno de los bonos de esa máquina y se dio cuenta de que los códigos de los bonos no podían corresponder a un punto de venta de bonos autorizado. Explicó que tenía el código "1001" y ese código identifica solo a las máquinas expendedoras del intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, con venta directa. Añadió que los bonos que se venden en puntos de venta autorizados tienen una comisión por la venta y se diferencian en que esos títulos de viaje tienen nueve dígitos.
Tras comunicarlo a los responsables de la compañía, se averiguó que podría estarse cometiendo un fraude en la validación de bonos en blanco a través de las máquinas que los activan en Titsa. Solo seis personas tenían acceso a esas máquinas y cada uno de ellos tiene una clave personal y secreta, que deja un rastro cuando la banda magnética de los bonos se activa.
Según la versión de las acusaciones, Luis M. D. era una de esas personas pues pertenecía al departamento técnico de mantenimiento de las máquinas de activación y expedición de bonos. Sin embargo, el acusado no utilizaba su clave personal, sino la de un compañero, que en 2008 había sido trasladado al área administrativa de Titsa. No obstante, el imputado después de expedir y activar los bonos borraba los datos informáticos de la máquina para que técnicamente no se pudiera rastrear la activación.
Además de una investigación interna, los hechos fueron denunciados y la Policía realizó diferentes seguimientos en algunos puntos de venta hasta que detuvo al primero de los acusados entregando un paquete con 1.500 bonos a otra persona en Arafo. En el registro domiciliario que se realizó en la vivienda del matrimonio "se halló dinero en todos los sitios: en cajones, debajo de los cojines de los sillones, hasta en un armario de la cocina, entre los vasos y la vajilla habían fajos de billetes. En total se intervinieron 90.000 euros en la casa".
Los hijos del matrimonio crearon, junto a su madre una sociedad mercantil para adquirir bienes inmuebles con el dinero que presuntamente obtenían de la venta de los bonos fraudulentos. Así, la sociedad se constituyó con 252.864 euros. Por medio de esa sociedad adquirieron en 2006 dos locales en La Gallega valorados en 115.931 euros, un apartamento en Arona por 60.000 euros, así como un vehículo. En 2009 se adquirió un local comercial y un aparcamiento por 142.000 euros. En 2007, Rita María D. D. compró una vivienda por 172.600 euros.
Los tres hijos del matrimonio, además, ingresaron en diferentes cuentas bancarias 717.920 euros sin que hayan podido probar su procedencia.
Los tres hijos del matrimonio, además, ingresaron en diferentes cuentas bancarias 717.920 euros sin que hayan podido probar su procedencia.
