La mayoría de los que las reciben son mayores y discapacitados, al sumar 41.759 de las 62.759 en tota
De las 62.759 personas que se benefician de las ayudas del Cabildo de Tenerife al transporte público, solo el 5% corresponden a beneficiarios en riesgo de exclusión social. De acuerdo a los datos ofrecidos ayer por la Corporación a la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, la mayoría de los que reciben estas subvenciones son mayores y discapacitados, al contabilizarse 28.085 y 13.674 respectivamente atendiendo a los carnés emitidos en la actualidad.
Para esta organización ciudadana, la partida que destina la Institución a estos fines es insuficiente y lucha desde hace meses para que la gente con escasos recursos económicos tenga bonos de transporte público gratuitos. Sean mayores de 65 años o no, el colectivo defiende que todos aquellos con unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (654,30 euros mensuales) deben percibir algún tipo de descuento en este servicio.
La plataforma ya ha logrado mantener dos reuniones con los responsables del Cabildo, pero en ninguna de ellas ha salido con garantías. Domingo Méndez, uno de los portavoces, criticó ayer los datos aportados por la Corporación al considerar que los beneficiarios de las ayudas sociales son "muy inferiores a las necesidades reales" que existen en Tenerife. Recordó las altas cifras de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y, teniendo en cuenta esta situación, insistió en que los números en este ámbito "están muy por detrás de lo que tendrían que ser".
Al encuentro mantenido ayer entre ambas partes acudieron representantes de la organización ciudadana; la consejera insular de Acción Social, Cristina Valido; y el director de la Institución encargado del área de Movilidad, Manuel Ortega.
Según la documentación dada por la Institución, 41.759 mayores y discapacitados se benefician de descuentos en los trayectos, mientras que "a lo largo de 2013 y 2014 el Cabildo ha aumentado las ayudas sociales a otros colectivos". Estos son los 3.000 que cuentan con el bono social –gratuito para los que están en riesgo de exclusión social–; los 6.500 tinerfeños con tarjeta de familia numerosa, los 8.500 estudiantes de la Universidad de La Laguna y los 3.000 deportistas federados menores de 18 años que reciben rebajas para desplazarse por la Isla.
De acuerdo a los datos aportados, son más de 62.000 beneficiarios, pero en esa información también se reconoce que el sistema de bonificaciones se ha visto afectado por la crisis y la situación económica por la que pasa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa). Para "minimizar" el recorte, "se intentó elevar el número de personas beneficiadas" y la cuantía con este fin "es de más de 15 millones anuales", defiende la Corporación.
Por su parte, el director insular de Movilidad, Manuel Ortega, se negó ayer a hacer declaraciones para aclarar en cuánto se han reducido estas ayudas sociales desde que comenzó la crisis, en 2007. De hecho, se limitó a informar a través de una nota de prensa de que "el Cabildo destina desde el año 2010 un total de 15 millones de euros anuales para la bonificación del transporte, lo que supone una bonificación media de 57 céntimos por viaje".
El encargado del área achacó a "la normativa estatal" y al "plan que estamos llevando en Titsa como consecuencia de la misma", para reducir el déficit de la empresa pública, el hecho de que no se puedan mejorar estas ayudas. Recordó que el Gobierno central "obliga a cumplir determinados parámetros en cuanto al gasto", pero agregó que, "una vez que concluya el presente año y finalice el plan de corrección de Titsa, podremos estudiar la ampliación de la bonificación para el colectivo que representa la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas".
Por su parte, el portavoz de la organización ciudadana señaló que los miembros deberán estudiar la documentación facilitada por el Cabildo para posteriormente consensuar su contrapropuesta. Domingo Méndez subrayó que de lo que se trata es de "discutir sobre las necesidades de la gente y cómo se elaboran los presupuestos; qué partidas hay y a qué se destinan" y, para él, este punto debería ser el motivo de la próxima reunión que mantenga con los representantes de la Corporación insular.
Entre los datos aportados constan las medidas aplicadas para reducir el déficit de Titsa y, entre ellas, destaca el Expediente de Regulación Temporal de Empleo aplicado a sus trabajadores, lo que supone el mayor ahorro (con una reducción salarial de 3.735.000 euros). "Me sorprende que para disminuir el déficit una de las medidas, la mayor, haya sido el ERTE. Durante un mes se quedan en el paro y es una fórmula inadmisible para una ciudadanía que sufre los efectos de una crisis de la que no es responsable", criticó Domingo Méndez.
Para el portavoz de la plataforma, una de las medidas para aumentar las bonificaciones sin que repercuta en la plantilla es que "de los ingresos regulares de la Institución, se determinen criterios presupuestarios que vayan a atender las necesidades de personas con menos recursos". Con este fin, la organización volvió a presentar ayer en el Cabildo 500 nuevas firmas, que se suman a las 6.000 ya presentadas con anterioridad.
