miércoles, 29 de septiembre de 2010
martes, 28 de septiembre de 2010
El Gobierno retrasará hasta los 67 años la jubilación para casi 600.000 canarios
Cerca de 600.000 trabajadores canarios se verán obligados a jubilarse con 67 años de edad,dos más que lo que prevé la legislación vigente.
El Gobierno central negocia en estos momentos con las distintas fuerzas políticas una reforma del sistema de pensiones que llevaría aparejada, en cualquier de las fórmulas que se barajan, una prolongación de la vida laboral, que afectará de una forma gradual a toda la población trabajadora de entre 51 y los 62 años. La iniciativa sólo excluirá a quienes ahora tienen 63 años o más, y cogerá de lleno a la generación del baby boom.
La reforma de las pensiones está en marcha. Tras la aprobación de la reforma laboral y las medidas de ajuste económico, que incluyeron la reducción salarial de los empleados públicos, la tijera del Gobierno se encamina ahora hacia la actualización del periodo de jubilación. Los grupos políticos mantienen en estos momentos contactos en el marco de la comisión del Pacto deToledo para definir el nuevo modelo, que debería
estar en el debate parlamentario en el plazo de unmes. Y, según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo sistema estará aprobado antes de final de año.
COTIZACIONES. La reforma de las pensiones baraja tres alternativas, aunque de una u otra forma se obligará a los trabajadores a prolongar el periodo de trabajo. Por un lado, tal y como han anunciado tanto el ministro
deTrabajo, Celestino Corbacho, como Zapatero, pasaría por elevar la edad mínima de 15 a 20 años para tener derecho a recibir una pensión mínima.
La segunda alternativa consiste en prolongar de los actuales 35 años hasta los 37 ó 38 años el periodo mínimo para tener derecho al 100% de la pensión.
Y la última, elevar directamente la edad de jubilación que está fijada de momentos en los 65 años hasta los 67 años. Sin embargo, al igual que señalan distintos expertos, José Yanes, miembro del CES y secretario
de Política Institucional de UGT Canarias, esta última opción es la que menos opciones tiene de salir adelante. Entre otras razones, porque
el Gobierno necesita el apoyo de los principales grupos políticos, y el Partido Popular e Izquierda Unida, entre otros, se han manifestado en contra.Hay
que tener en cuenta que esta medida sería lamás impopular, aunque realmente todas confluyen hacia un mismo fin, como es que los asalariados coticen más años para sostener el sistema público.
En el caso de su definitiva aplicación, la edad de jubilación se elevaría gradualmente a partir de 2013 hasta 2024, con locual sólo los que ahora tienen 63 años o más se salvarían de seguir en su puesto más allá de los
65 años de edad antes de retirarse.Y, en el otro lado de la balanza, los trabajadores que tienen menos de 51 años tendrán que llegar a los 67 años para percibir completa su paga.
POBLACIÓN ACTIVA. En el marco intermedio, la edad se iría elevando a razón de dos meses por año. Es decir, los nacidos en 1948 afrontarían 65 años
y dos meses, la quinta del 49 llegarían hasta los 65 años y cuatro meses y, así sucesivamente, hasta los del 59, que ya deberán cumplir en supuesto de trabajo hasta los 67 años en su totalidad, si quiere percibir la paga completa.
La reforma supondrá que unos 600.000 trabajadores canarios tendrán que llegar a los 67 años si quieren cobrar íntegramente la jubilación. Sin embargo, esta cantidad será mayor en un futuro si tenemos en cuenta el elevado número de personas que están fuera del mercado laboral ahora por
el paro.
En cualquier caso, la reforma castigará a casi toda la población trabajadora, formada en estos momentos por 759.000 personas ocupadas, según la última
Encuesta de Población Activa (EPA), ya que apenas unos miles de contratados están ya en el borde del retiro con 63 años o más.
Tres preguntas a José Yanes Griñan. secretario de Política Institucional y miembro del CES
“Hay intereses por el sistema privado”
J. Bolaños
1¿De qué forma se aplicará la reforma de las pensiones?
Ahora no estamos en un estado del bienestar, sino en un estado de incertidumbre, por todas estas reformas que se están llevando a cabo. Aún es pronto para saber cuál de las tres opciones que se barajan se van
aprobar, porque se está debatiendo, pero es seguro que se alargarán los años de cotización.
2¿Cómo afectará a estos cambios el elevado número de parados?
La prolongación de la jornada laboral afectará principalmente a la generación del baby boom. Es una generación que va a sufrir todos los cambios, porque tiene una vida laboral más corta. Cada vezmás, la población se incorpora más tarde a trabajar, porque no hay empleo. Y en todos estos cambios subyace también el interés del Gobierno por obligar a los trabajadores a incorporar un sistema privado de pensiones.
3¿Qué cambiará con las distintas opciones que baraja el Gobierno?
Aunque no se apruebe la prolongación de la jornada laboral a los 67 años, los cambios van a propiciar que los trabajadores se vean obligados a trabajar más años, mediante la edad mínima para cotizar y para cobrar
el 100% de la pensión.
Yo creo que los cambios se van a volcar en estas dos propuestas. Además, el PP e IU se han negado a alargarlo de 65 a 67 años, y el Pacto deToledo sólo saldrá bajo el consenso general de los grupos políticos.
Zapatero se la juega ante los sindicatos
Un total de 573.228 trabajadores en Canarias están llamados a participar hoy, 29 de septiembre, en la séptima huelga general de la historia de la Democracia -contando una movilización europea en 1978-. Comisiones y UGT la han convocado las movilizaciones contra la reforma laboral y la política económica.
Los sindicatos aprovecharon ayer sus últimas apariciones públicas para animar a los más de 573.000 afiliados a la Seguridad Social en el Archipiélago (303.717 en la provincia de Las Palmas y 269.513 en la de Santa Cruz de Tenerife) a sumarse hoy a la huelga general, la primera a la que hace frente el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
UGT y CC OO llevan semanas insistiendo en que los trabajadores canarios tienen más motivos que nadie para secundar las movilizaciones. Insisten en que las políticas erróneas del Gobierno central, y también del autonómico, han llevado a las Islas a liderar las estadísticas negativas cuando toca hablar de precariedad laboral, de la temporalidad de los contratos, o los salarios medios. Los secretarios generales de ambos sindicatos en las Islas, Juan Jesús Arteaga (CC OO) y Juan Francisco Fonte (UGT) han insistido por activa y por pasiva en que la difícil situación económica que atraviesan las Islas se agravará ahora con la reforma laboral y otras medidas como la anunciada reforma del sistema de pensiones.
Hoy, sin ir más lejos, unos 317.000 canarios no podrán sumarse a la huelga porque están en paro. Suponen casi el 30% de la población activa en el Archipiélago, un porcentaje que convierte a Canarias en la Comunidad con la tasa de paro más elevada del Archipiélago.
La huelga general servirá para tomar el pulso sobre la postura de la ciudadanía ante las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también suponen una prueba de fuego para los sindicatos convocantes, entre ellos, CC OO y UGT, criticados por una importante masa social por haber actuado «demasiado tarde», convocando movilizaciones después de que el Gobierno y, posteriormente el Parlamento, aprobaran una reforma laboral que, aseguran, recortan los derechos de los trabajadores.
En el Archipiélago, la huelga llega marcada por la decisión del Ejecutivo regional de elevar, a última hora, los servicios mínimos, para garantizar el transporte de turistas y escolares. Los sindicatos han respondido pidiendo a los trabajadores que incumplan los servicios mínimos impuestos ayer en el servicio regular y discrecional.
LLAMAMIENTOS. Los sindicatos lanzaron ayer la advertencia al Gobierno de que la huelga general de hoy no pondrá punto final a las movilizaciones de los trabajadores si no rectifica sus políticas económicas y sociales.
Canarias7.es
domingo, 26 de septiembre de 2010
Los colegios públicos sólo garantizan dos profesores por cada 150 niños el 29-S
El transporte de viajeros por carretera nada más que funcionará de 6.00 a 9.00 y de 18.00 a 21.00 horas
JAVIER BOLAÑOS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El Gobierno de Canarias decretó ayer como servicios mínimos para la huelga general del 29-S un maestro y un cargo directivo por cada seis grupos en los colegios de educación infantil, primaria y escuela rural y un profesor y un directivo por cada nueve grupos en la educación secundaria. Además, garantizó el funcionamiento del comedor escolar, pero no el de las guaguas escolares y la de los turistas. Además, fijó un 30 % para las guaguas urbanas e interurbanas (Global y Guaguas Municipales, entre otras) sólo entre las 6.00 y las 9.00 y las 18.00 y las 21.00 horas. Los centros sanitarios funcionarán como un domingo o festivo, mientras que el transporte marítimo se limita a un barco de pasajeros por trayecto hacia cada isla.
Esto significa que las guaguas funcionarán sólo en las horas punta de mañana y noche; los colegios abrirán con dos adultos por cada 150 alumnos en infantil y primaria y 270 en los centros de secundaria, con comedor pero sin saber si funcionarán las guaguas, que carecen de servicios mínimos. Y las navieras tendrán como mínimo una línea diaria con cada isla; los centros médicos especializados quedan configurados como un festivo, y las guaguas de turistas están en el aire.
Éste es el marco de servicios mínimos decretado por el Gobierno de Canarias, que señala también que la recogida de basura se limitará a los hospitales y centros de urgencia y que los cementerios funcionarán como si se tratara de un domingo o festivo, al igual que los equipos de salvamento y rescate.
GASOLINERAS. La norma publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias determina la apertura de un 10 % de las gasolineras en cada isla, garantizando una como mínimo. Y, en cuanto a la radio y la televisión pública canaria, se señala que será "el mínimo imprescindible para asegurar el derecho a la información por medio de la emisión de servicios informativos de formato reducido".
En cuanto a los centros judiciales, se garantiza la presencia de dos trabajadores por cada uno de los juzgados y en la fiscalía, así como en los juzgados de paz de más de 7.000 habitantes. Sin embargo, estarán plenamente operativos el servicio de autopsias y los juzgados de guardia, y el Registro para la celebración de bodas y la tramitación de defunciones.
laprovincia.es
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